Con la ley por el mango (II)

                Llegados a este punto ya prácticamente sólo quedaba hacer una cosa que no era otra que comenzar a poner en práctica el entramado legal diseñado y aprobado entre el régimen franquista y los responsables del PFE. Todo ese compendio legal apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de esta forma se cumplía, al menos en la teoría, con la obligación por parte de los gobernantes del momento de dar la obligada difusión a esa nueva legislación. En la práctica y como es fácil imaginar, en una sociedad rural mal comunicada tanto a nivel de carreteras y pistas como de prensa y radio, las noticias aún tardarían en llegar a los valles y pueblos afectados del Prepirineo.   

El Boletín Oficial del Estado publicó toda la legislacion que tuvo que ver con la política forestal que se aplicaba en la España del régimen franquista.

              Entre las disposiciones aprobadas con motivo del desarrollo de la Ley sobre Repoblación Forestal y Ordenamiento de los Cultivos Agrícolas integrados en los terrenos comprendidos dentro de las cuencas alimentadoras de los embalses de regulación (LRFOCA) cabe destacar todos los decretos que permitieron la aprobación de los Perímetros de Repoblación Obligatoria (PRO) (1):

               - Decreto 7 de abril de 1952: Cuencas de los Pantanos de El Grado y Mediano

               - Decreto 5 de septiembre de 1952 (BOE 28-Sep-1952): Cuenca de La Guarguera

               - Decreto 26 de octubre de 1953 (BOE 23-Dic-1953): Alavés

               - Decreto 6 de noviembre de 1953 (BOE 23-Nov-1953): Solanilla

               - O. M. 17 de marzo de 1955: Perímetro del Torrente Cajico (Castiello de Jaca)

               - Decreto 13 de mayo de 1955 (BOE 27-May-1955): Valle de La Garcipollera

               - Decreto 8 de junio de 1955 (BOE 10-Ago-1955): Pardina de Isábal

               - Decreto 21 de julio de 1955 (BOE 10-Ago-1955): Pardina de Güé

               - Decreto 22 de septiembre de 1955 (BOE 16-Oct-1955): Artaso

               - Decreto 13 de octubre de 1955: Val Ancha

               - Decreto 21 de octubre de 1955 (BOE 30-Oct-1955): Cuenca del N.-Ribagorzana

               - Decreto 18 de noviembre de 1955 (BOE 6-Dic-1955): Solana de la Val Ancha

               - Decreto 25 de noviembre de 1955 (BOE 10-Dic-1955): Tierra de Biescas

               - Decreto 9 de diciembre de 1955 (BOE 1-Dic-1956): Boráu

               - Decreto 27 de enero de 1956: Castillo de Orús, San Juan Bajo y La Galocha

               - Decreto 14 de mayo de 1956 (BOE 12-Jun-1956): Comarca Noroccidental Jaca

               - Decreto 8 de Febrero de 1957 (BOE 27-Feb-1957): Javierrelatre, Latre y Latrás

               - Decreto 21 de marzo de 1958 (BOE 2-Abr-1958): Ayerbe

               - Decreto 11 de abril de 1958 (BOE 22-Abr-1958): Cuenca del Río Matriz

               - Decreto 5 de septiembre de 1958 (BOE 1-Oct-1958): Solana de Burgasé

               - Decreto 5 de septiembre de 1958 (BOE 1-Oct-1958): Cuenca Mediano-El Grado

               - Decreto 6 de julio de 1961 (BOE 20-Jul-1961): Cuenca Pantano de Jánovas

               - Decreto 2 de julio de 1964 (BOE 30-Jul-1964): Cuenca Pantano Santa Ana

               - Decreto 1426/1965 de 20 de mayo (BOE 31-May-1965): aprobando el proyecto
                 de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del Río Isábena.

               - No he podido localizar el Decreto que afectó a la Cuenca del Pantano La Peña

 

              Conforme fueran aprobados estos decretos y aparecieran publicados en el BOE comenzarían a correr las noticias como la pólvora. Seguramente serían los secretarios de los ayuntamientos afectados los que primero se enterarían. Estos pondrían sobre aviso a sus respectivos alcaldes y a partir de allí el boca a boca haría el resto. Inicialmente habría multitud de dudas y más de una interpretación equivocada al respecto que obligarían a enviar cartas manuscritas pidiendo aclaraciones a más de un responsable municipal. Otros ayuntamientos más pudientes ya lo harían a través de cartas mecanografiadas y en el mejor de los casos alguno hasta echaría mano del teléfono. Seguramente que en todos los casos las preguntas se formularían directamente a algún ingeniero de montes de la Brigada Aragón del PFE destinado en las oficinas de Huesca o las de Zaragoza. El objetivo de las mismas no sería otro que clarificar en qué medida les afectaba la inclusión de esos terrenos en alguno de los decretos antes listados. Las dudas iniciales poco a poco se irían resolviendo gracias a las respuestas escritas u orales las cuales aportarían gran parte de la información solicitada. Con esta nueva y concreta información se alimentaría nuevamente más de un rumor y versión de todo cuanto se les venía encima a muchos pueblos altoaragoneses. Hasta he podido constatar que en más de un caso se hizo necesaria la convocatoria de reuniones municipales en las que tanto el alcalde como el secretario tuvieron que informar a los vecinos del municipio de aquellas importantes novedades (2).

Parte del complejo organigrama del Patrimonio Forestal del Estado

            Seguramente sería en esas reuniones donde se constataron ya los primeros planteamientos claros respecto a aquella nueva realidad. Y con ellos aparecieron también las primeras diferencias de criterios entre los que veían con buenos ojos los planes del PFE y aquellos otros que no estaban dispuestos a vender sus propiedades bajo ningún pretexto. En medio de este contexto muchas sendas y caminos de nuestro Prepirineo comenzarían a ser testigos del trasiego de hombres a pie o a lomos de caballerías motivados por esa situación nueva. Unos irían al pueblo de al lado también afectado por los planes forestales a alguna de las reuniones informativas; otros camino de los campos donde tenían el tajo hablarían en voz alta cambiando sus impresiones al respecto; otros caminarían en soledad con una rara sensación fruto de pensamientos encontrados; no faltarían tampoco quienes tomarían el repecho final zigzagueante hacia el pueblo disgustado por aquellas malas noticias para él.

              Lo cierto es que los planes ya definitivos del PFE para todos los pueblos afectados dieron lugar a situaciones y circunstancias que variaron en función tanto de la interpretación inicial de los vecinos de cada pueblo, de sus intereses personales, como de la realidad social existente en cada uno de ellos. La combinación de estos diferentes factores permitió la aparición de alianzas entre vecinos de un mismo pueblo a pesar de que hasta ese momento pudieran defender intereses enfrentados. Las posiciones derivadas de aquella nueva situación se limitaron básicamente a dos. Por un lado quienes estaban dispuestos a vender al PFE y por el otro aquellos que preferían seguir viviendo en su pueblo del mismo modo que lo habían venido haciendo hasta ese momento. Los diferentes posicionamientos que surgieron ya formaron parte de una crónica sobre la desaparición de infinidad de pueblos. A estas alturas, aunque practicamente casi nadie era consciente de ello, ya se habían escrito las primeras páginas de la misma.

Fuentes y Bibliografía

- (1) Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura.

- (2) Archivo Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno   de Aragón en Huesca